En los pasados días se han suscitado algunas noticias que han sacudido al globo. Se trata de una serie de eventos devastadores en Latinoamérica que en su generalidad ha socavado la práctica democrática, el estado de derecho, la justicia social y la sociedad civil, empujando a esta última a movilizarse y expresar su descontento a sus gobiernos. ¿Qué eventos son y qué implicaciones presentan?
Los países involucrados en los acontecimientos señalados son El Salvador, Colombia y México. En la nación centroamericana el Poder Legislativo aprobó reemplazar a los cinco jueces de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo del sistema judicial. La Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas, liderado por el presidente Nayib Bukele, aseguró que el Poder Judicial impedía el actuar del mandatario para atender la pandemia de Covid-19.
El movimiento del presidente salvadoreño despierta desconfianza a los ojos de agentes domésticos, pero también internacionales, como Estados Unidos de América y la Unión Europea, quienes ya se han pronunciado al respecto. La instrucción de Bukele deja ver una práctica autoritaria que va en contra del espíritu democrático y el bienestar social.
Resulta severo atentar contra el Poder Judicial en un sistema que oficialmente sigue la división de poderes. No debe haber influencia entre ellos para ejercer sus actividades, de otra manera impiden el correcto desarrollo de las prácticas democráticas y se deslegitiman, justo como se prevé que pueda suceder en México con la extensión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En un escenario más meridional encontramos la decisión del presidente colombiano Iván Duque de proponer una reforma tributaria. La acción desencadenó una serie de protestas en el país, aunque concentradas en la capital, en las que la sociedad civil se ha visto descontrolada, producto del hartazgo de la negligencia el gobierno y de la brutalidad policiaca que se presentó en las primeras manifestaciones pacíficas de la sociedad ante la propuesta de reforma.
Lo que hay que mencionar es que las reformas tributarias deben ir acorde a las condiciones del país, es decir, entre mayor superávit general, habría mayor oportunidad de solicitar más impuestos y elevados. No obstante, la crisis económica en Latinoamérica enfatizada por la pandemia de Covid-19 ha golpeado a muchos bolsillos de la sociedad, por lo que aumentar la fiscalización sólo perjudicaría e incentivaría un rechazo social, como el que hemos presenciado, mismo que se mezcló e incrementó por el hartazgo hacia el gobierno por su limitada respuesta ante la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.
Finalmente tenemos el tercer caso, que involucra a México. El domingo leímos, escuchamos y sentimos una noticia de lo más desastrosa: un carril elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México colapsó al pasar un par de vagones, provocando un accidente y la muerte de varios pasajeros. Hay varios apuntes al respecto, pero todos ellos apuntan a la corrupción y negligencia de las autoridades gubernamentales.
La línea 12 había presentado fallas en años anteriores y, de hecho, estuvo abierta y cerrada intermitentemente. A pesar de sus restructuraciones, nunca se tuvo certeza de que podía dar servicio sin problemas, y, no obstante, se dio luz verde para su regreso a operaciones. De la misma manera, usuarios del metro habían reportado años atrás las condiciones en las que se encontraba dicho carril elevado, pero no se obtuvo respuesta de las autoridades competentes.
¿Dónde están las investigaciones necesarias para encontrar justicia? ¿Por qué no ha habido renuncias ante tan grave acontecimiento? La negligencia y corrupción, de antes y de ahora, de las autoridades ha cobrado la vida de varias personas. Si el gobierno quiere generar un cambio, hay que también señalar y rendir cuentas por los de adentro.
