Arturo Damm Arnal
José Antonio Crespo escribió en Twitter:
Y sí, esto es lo que hemos visto, de manera más descarada que en sexenios anteriores, en los cuales también se cocieron habas, desde el 1 de diciembre de 2018, día en el que AMLO asumió la presidencia, hasta hoy, que sigue saltándose “las trancas legales”, ocasionando la más grave de las inseguridades, la jurídica.
¿Qué hay que entender por instituciones? Reglas del juego, sobre todo formales, comenzando por las normas jurídicas, que deben obligar, a quienes detenten el Poder Ejecutivo, a cumplirlas, comenzando por la Constitución, algo a lo que se comprometió AMLO en su toma de posesión, al jurar guardar y hacer guardar la Constitución, compromiso que no ha cumplido, por lo que el pueblo (en este caso todos los ciudadanos), debería demandárselo.
El primer problema con las instituciones, reglas del juego, normas jurídicas, es que, al margen de la voluntad de los obligados por ellas, no tienen eficacia alguna. Como lo ha señalado Félix de Jesús: “Nada garantizan, desde las constituciones, hasta los reglamentos de tránsito, sin la decisión de cada quien de respetarlos”, decisión que depende de muchas variables que van, desde la convicción (debo respetarlos porque es lo justo), hasta el miedo (si no los respeto me pueden castigar), pasando por la conveniencia, el qué dirán, y el que diré, que debe ser el motivo más fuerte para respetarlos, y que muchas veces es el más débil.
La eficacia de las instituciones depende, no de las normas jurídicas mismas, sino de que haya alguien, con la legitimidad y el poder suficientes, para castigar a quienes no las respeten, sea quien sea, comenzando por el presidente de la república, para lo cual se necesita de la división de poderes, y no solamente formal, como puede darse entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando en éste tienen mayoría los correligionarios del presidente, quienes pueden actuar en función de sus deseos, al margen de lo que la ley establece, sino real, como debe darse entre el Ejecutivo y el Legislativo, aun cuando en éste tengan mayoría los correligionarios del presidente, quienes deben actuar en función de lo que la ley establece, no de los deseos de aquel, por más que sean correligionarios.
Si esa es la relación que debe haber entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con más razón es la que debe haber entre el Ejecutivo y el Judicial, relación en la cual es más difícil, pero de ninguna manera imposible, que los jueces se pongan al servicio del presidente.
Condición necesaria para que las instituciones obliguen al presidente a cumplir con ellas es la división real, no solo formal, de poderes, para lo cual conviene que los correligionarios del presidente en el Poder Legislativo no sean mayoría, lo cual puede darse, o porque así lo decidieron los electores, o porque esas son las reglas del juego, que prohíben que los correligionarios del presidente tengan mayoría en el congreso.
Si conviene que haya división de poderes, y si para que sea real, no solo formal, conviene que el partido del presidente no tenga la mayoría en las cámaras legislativas, y si esa no fue la decisión de los electores, ¿no es prudente que lo sea por las reglas del juego?
Más allá de esta discusión, que considero necesaria, lo importante hoy es ver cuál fue el resultado de la elección del pasado domingo. Ver si la mayoría de los electores decidió que los correligionarios, incondicionales y convenencieros de AMLO no sean mayoría en la Cámara de Diputados, primer paso para obligarlo a apegarse a la ley, comenzado por la ley de leyes, o metaley, que es la Constitución. De ello depende el que se frene el avance hacia un régimen monocrático (gobierno de uno), autocrático (gobierno de uno en función de sus deseos), y totalitario (gobierno de uno, en función de sus deseos, con la intención de abarcarlo todo, comenzando por la moral y, en una de esas, terminando por la religión).
