Arturo Damm Arnal
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Esta es la pregunta de la próxima consulta popular, que tendrá lugar el próximo domingo 1 de agosto, calificada por muchos como ininteligible, calificación con la que no estoy de acuerdo. La pregunta es inteligible, pero tan general, tan abstracta, tan imposible de llevar a la práctica, que resulta absurda, sin contar con lo más grave: es propia del Estado de chueco, en el cual se le pregunta al pueblo si se ha de aplicar o no la ley, no del Estado de Derecho, en el cual esa pregunta no tiene lugar, porque en él el gobierno aplica la ley, no organiza una consulta para que el pueblo decida si se aplica o no, consultas que ocasionan inseguridad jurídica. ¿Qué se hará? No lo que la ley dice (Estado de Derecho), sino lo que el pueblo (la mayoría de los participantes en la consulta) decida (Estado de chueco).
La pregunta se entiende. Lo que no puede preverse es que pasará si, resultando vinculante, las autoridades tienen que llevar a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
Años pasados. ¿Desde qué año hasta qué año? ¿De 2020 para atrás? ¿Nada más del periodo neoliberal, de 1989 a 2018?
Actores políticos. ¿Quiénes? ¿Todos? ¿Nada más ex presidentes? Y de ser así, ¿por qué no incluir a Luis Echeverría?
Decisiones políticas. ¿Estrictamente políticas o de todo tipo, sobre todo si tomamos en cuenta que las decisiones relacionadas con actos de corrupción no necesariamente son, en sentido estricto, políticas, por más que las tomen políticos?
Supongamos que el resultado resulta vinculante, para lo cual se requiere que al menos el 40 por ciento de la lista nominal de electores -37, 411,389 de personas-, participe, y que la mayoría vote a favor de que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. En tal caso, ¿quién elegirá a los actores políticos cuyas decisiones políticas deberán ser esclarecidas? ¿AMLO?
¿Qué probabilidad hay de que el resultado de la consulta popular resulte vinculante? Para que lo sea se requiere que el 40 por ciento de la lista nominal de electores participe. ¿Qué probabilidad hay de que así sea? Preveo que poca. En las elecciones del 6 de junio, con todo lo que estaba en juego, participó nada más el 52.68 por ciento de la lista -49,226,964 de personas-. Suponiendo que se logre el 40 por ciento requerido, ¿sería a favor de que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
La consulta popular, de no lograrse la participación del 40 por ciento de la lista nominal de electores, o lográndose pero sin conseguirse el SÍ, ¿resultará un fracaso político para AMLO? Este, ¿habrá medido bien los riegos?
