Coyuntura económica y algo más

Quiero analizar con usted, mi estimado lector, dos sucesos que me parecen importantes, no solo por las figuras que involucran, sino también porque dejan a la luz pública, evidencia clara de la incongruencia que existe en la administración del hijo predilecto de Macuspana.

El primero tiene que ver con lo económico, hace algunos días se dio a conocer que nuestro país, había solicitado un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para apoyo a los programas sociales, pero, la Secretaría de Hacienda, a través de un comunicado, rechazó tajantemente que, se haya solicitado dicho préstamo y además, expresó su descontento por la publicación realizada en la página de internet del organismo internacional, de acuerdo con ellos, sin un documento oficial que respalde dicha información.

Sin embargo, de acuerdo con la información del BID, si existe un documento oficial, que es una petición enviada por el Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, de Hacienda, solicitando apoyo de tipo programático, situación por la cual el organismo internacional, elaboró una propuesta de préstamo de 700 millones de dólares para el gobierno mexicano, dichos recursos, estarían enfocados a mejorar la cobertura de las pensiones contributivas y no contributivas, con un plazo de amortización de 20 años.

Dado lo anterior, aquella frase del morador de palacio: “… No nos estamos endeudando…”, es claro que se convierte en una mentira, por supuesto que, mucho dirán que se le debe dar el beneficio de la duda, lo cual es justo, pero, llama la atención que el estatus actual de ese préstamo, de acuerdo con la información del BID, se encuentra en estatus de implementación, lo cual sugiere que, efectivamente se recibieron los recursos y se está en el proceso de aplicación al programa especificado, en los términos solicitados.

Aun cuando podamos suponer que el préstamo no se recibió, la narrativa de no endeudamiento, queda expuesta desde el momento en el que el nivel de la deuda ha aumentado y, dentro del presupuesto que fue aprobado para el 2023 en la Cámara de Diputados, se considera un techo de endeudamiento superior al del 2022, lo que implica, mayor colocación de deuda tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales, con montos que podrían llevar a las finanzas públicas mexicanas, a una desestabilización al cierre de la actual administración, tema que sin duda, analizaremos en los siguientes meses.

El segundo tema al cual me quiero referir es, más de corte político y tiene que ver con la comparecencia de la Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, que dijo:

“… entonces que es lo que hicimos aquí, pues estamos rescatando eso, y acabamos de emitir una recomendación precisamente para, porque la impunidad no empieza ahorita, la impunidad lleva años en este país, lleva atropellos ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE, porque hubo una masacre terrible en 1952, el 7 de julio de 1952, de más de 500 ciudadanos mexicanos y se manifestaban en forma pacífica y lo único que le que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral, eso no puede seguir pasando en este país, y estamos nosotros, no solo con los casos del pasado…”

Aquí me surge una duda: ¿cuál es la relación existe entre la situación que señala la Titular de la CNDH y la recomendación que hizo respecto de la reforma electoral propuesta por el gobierno del tabasqueño?, es claro que todo hecho pasado, presente o futuro, que involucre la muerte de personas, debe ser investigado y castigado, pero, si la intención era dar un contexto sobre el tema electoral, hay que entender que lo sucedido en el año de 1952, nada tiene que ver con el contexto electoral del 2022, sobre todo, si consideramos que el organismo al cual se hace referencia en la reciente recomendación de la Comisión, no existía en ese momento.

Es claro que, sin importar el puesto o nivel de responsabilidades que tenga una persona, continúa siendo un ciudadano y, por lo tanto, tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero, quien ostente un cargo público, debe entender que su principal deber, está en hacer cumplir lo establecido por la ley y lo expresado por la señora Piedra, viola las atribuciones y funciones que le fueron conferidas, tan es así que, el consejo consultivo del organismo, rechazó el pronunciamiento de su titular y le exige apegarse a las recomendaciones aprobadas por dicho órgano, evitando las interpretaciones políticas, en buen cristiano, le solicitan no hacer recomendaciones sobre temas que no son de su competencia, algo que por cierto, deberían considerar otros personajes de la política mexicana.