Por Aldo Yair Caballero Sandoval en colaboración con Jaime Tbeili Palti
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En la toma de decisiones gubernamentales no solo se tiene en cuenta la viabilidad económica o el bienestar de la población, sino que los costos políticos juegan un gran papel en la acción o inacción del Estado. De este modo, los gobernantes, en muchas ocasiones, se limitan a implementar acciones que podrían ser necesarias para el bienestar de la sociedad, debido a las consecuencias que esas acciones podrían tener sobre la popularidad de su gobierno o la estabilidad del poder.
Podemos entender como costos políticos a las pérdidas que un gobierno puede enfrentar en términos de apoyo, influencia o poder como resultado de tomar decisiones muy poco populares. Estas pérdidas pueden verse reflejadas como protestas, críticas mediáticas, pérdida de aliados políticos, o incluso en la reducción de votos en las siguientes elecciones. Por lo tanto, a menudo vemos que decisiones que podrían ser beneficiosas a largo plazo son aplazadas o abandonadas porque su implementación conlleva un alto costo político a corto plazo.
Un ejemplo claro de este fenómeno, a nivel mundial, es la reforma de los sistemas de pensiones. En muchos países, estos sistemas enfrentan problemas de sostenibilidad financiera debido al envejecimiento de la población y al aumento en la expectativa de vida. Sin embargo, cualquier intento de reformar el sistema, ya sea aumentando la edad de jubilación o reduciendo los beneficios, generalmente se encuentra con una fuerte resistencia por parte de la población, especialmente entre los grupos que serían más afectados. Los políticos, conscientes de que estas reformas pueden generar un descontento masivo, a menudo optan por no actuar, posponiendo el problema para futuros gobiernos.
Otro caso es la implementación de ciertas medidas fiscales, como el aumento de impuestos o la reducción del gasto público. Aunque estas acciones pueden ser necesarias para mantener una balanza hacendaria sana, su poca popularidad entre los votantes hace que los gobiernos eviten adoptarlas, especialmente en periodos de elecciones. El miedo a perder el apoyo de la ciudadanía lleva a muchos gobernantes a optar por políticas populares con soluciones de corto plazo, en lugar de tomar las decisiones difíciles pero necesarias para asegurar la salud económica a largo plazo.
Esta dinámica crea un círculo vicioso: los problemas estructurales no se resuelven, lo que agrava las crisis futuras, y cuando estas finalmente explotan, las soluciones necesarias suelen ser mucho más drásticas y duras. Los costos políticos a menudo actúan como un freno para las reformas necesarias, condenando a la sociedad a vivir en una constante postergación de soluciones.
La solución a este dilema no es sencilla. Se requiere de líderes con visión para tomar decisiones difíciles, incluso a costa de su popularidad. Además, es fundamental que la sociedad esté informada y sea consciente de las realidades económicas y sociales, de modo que pueda apoyar a los dirigentes en la implementación de reformas que, aunque dolorosas a corto plazo, den soluciones en el largo plazo. En última instancia, las políticas públicas debe encontrar un equilibrio entre responder a las demandas inmediatas de la población y tomar decisiones que aseguren un futuro próspero.
