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El próximo 1 de octubre iniciará la gestión de la primera presidenta de México. Recibe un país con problemáticas que siguen vigentes a pesar de la promesa de resolverlas hecha en 2018: pobreza, un sistema de salud ineficiente, educación de mala calidad y desde luego inseguridad.
La Seguridad es el campo más crítico para la Presidenta Sheinbaum debido al innegable incremento de la violencia. El comportamiento de la criminalidad a partir del 2018 ha adquirido niveles de complejidad no antes vistos.
La Presidenta enfrentará dos vertientes de criminalidad: conductas criminales que están directamente relacionadas con grupos de Delincuencia Organizada Transnacional y la criminalidad común que definitivamente es de alto impacto. Si bien ambas victimizan a los mexicanos, sus manifestaciones son diametralmente distintas.
Ahora bien, Sheinbaum ha dejado ver que su comprensión de la criminalidad tiende a ser menos ideologizada que la de López Obrador. Parece dejar de lado el mandato de “abrazos no balazos” y ha presentado acciones en materia de seguridad a realizarse en los primeros 100 días de su gobierno. Un importante acierto.
La estrategia esboza tres objetivos: 1) disminución de la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, 2) neutralizar generadores de violencia y 3) mejorar la percepción ciudadana.
Plantea las siguientes acciones:
- Coordinación integral entre miembros del gabinete
- Fortalecimiento de inteligencia e investigación
- Fortalecimiento del SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)
- Disminución de incidencia delictiva en los 10 municipios con mayor número de homicidios, atención a la seguridad en Chiapas
- Atención a la extorsión del ciclo productivo del limón en Michoacán
- Estrategia en carreteras y vías generales de comunicación
- Establecimiento de 10 fuerzas de tareas conformadas por las instituciones de seguridad.
Estas acciones buscan atender las problemáticas generadas por la criminalidad, sin embargo, la estrategia tiene un sesgo a atender la violencia provocada por la Delincuencia Organizada Transnacional. Esto es comprensible, pero la criminalidad que tiene un mayor impacto en los ámbitos económico, social, psicoemocional de los mexicanos es la delincuencia común.
De acuerdo con el INEGI, la criminalidad común es la que victimiza cotidianamente a los mexicanos: asaltos y robos en vía y transporte públicos, extorsiones y fraudes, como se muestra en el siguiente grafico:
Aunque ha habido ligeros descensos, la realidad es que aún hay millones de asaltos, robos, extorsiones y fraudes; la mayoría con violencia, que se cometen diariamente, con un alto impacto en las dimensiones social, psicológica y económica de los mexicanos. Estos delitos no son atendidos de forma prioritaria por las Fuerzas Armadas sino por policías estatales y municipales. Con policías locales profundamente debilitadas por la corrupción a pequeña escala y la provocada por los grupos de Delincuencia Organizada las posibilidades de controlar este tipo de criminalidad se reducen.
La militarización de la seguridad no abona a la atención de la delincuencia común. Las fuerzas armadas deberán pasar por un proceso de “policiazión” para desarrollar las capacidades necesarias para el combate a delitos como el robo, fraude y extorsión.
La elección por voto directo de jueces locales en la reforma judicial es otro elemento que impedirá la atención eficaz de la criminalidad común, aumentando los ya de por sí altos niveles de impunidad.
El 1 de octubre es el comienzo de una nueva etapa para el país. Contar por fin con una estrategia, aunque perfectible, es un mejor comienzo comparado con los “abrazos, no balazos”.
