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En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de este lunes 23, apareció publicado un decreto por medio del que se expropia una cantera de piedra caliza y un puerto propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, ubicados en Quintana Roo, declarándoles área natural protegida. Desde el 2022, el presidente López Obrador advirtió que los terrenos de Sac Tun, cercanos a Playa del Carmen, serían expropiados a fin de utilizarlos para la construcción de un parque recreativo y que el puerto de Punta Venado podría ser utilizado como una terminal para cruceros y ferrys, argumentando que las operaciones de la empresa dañaban al medio ambiente.
Vulcan es el productor más importante de agregados de construcción en Estados Unidos, en particular de grava, arena y piedra triturada. Cuenta con 12,000 empleados y tiene operaciones en 22 estados de la Unión Americana, Canadá, Bahamas e Islas Vírgenes. La cantera de Yucatán surte diversos puertos del Golfo de México, entre ellos Tampa, Nueva Orleans, Houston y Brownsville.
Este es un problema que ya tiene varios años. En noviembre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que las 2,400 hectáreas pertenecientes a Vulcan Materials estaban en proceso de ser declaradas área natural protegida, a pesar de que la empresa siempre ha afirmado que sus operaciones son legales y cuenta con las autorizaciones necesarias. El gobierno mexicano ofrece 360 millones de dólares por concepto de la expropiación, cantidad que la empresa ha rechazado porque afirma que sus instalaciones valen más de 1,900 millones de dólares.
En mayo del 2022, el senador republicano Bill Hagerty encabezó un grupo de diez senadores que enviaron una carta al presidente Biden solicitando su intervención. Este mismo grupo envió cartas similares en marzo del 2023 al Secretario de Estado, Antony Blinken – luego de que el ejército mexicano ocupara las instalaciones de Calica – y en mayo del 2024 a la canciller Alicia Bárcenas, sin recibir contestación. Además, Hagerty y otros senadores solicitaron a López Obrador que considerara sus acciones en diversas intervenciones en el pleno del Senado en diciembre pasado.
Vulcan Materials cuenta con el apoyo de todos los miembros de la delegación legislativa de Alabama, donde se encuentran sus oficinas centrales, así como de más de treinta legisladores de ambos partidos de otros estados. El viernes pasado, los siete representantes de Alabama, junto con otros siete representantes de otros estados, enviaron una carta al Representante Comercial (USTR) solicitando su intervención para evitar la expropiación. Este lunes, el grupo de senadores que encabeza Hagerty, presentaron una propuesta de ley para aplicar sanciones a México en caso de que se realizara la expropiación de las instalaciones de Vulcan Materials. Hasta la fecha, la presidenta electa no ha hecho ningún comentario público sobre este tema.
La medida del gobierno mexicano puede ser impugnada como una violación al TMEC en base al artículo 8 del capítulo 14. Los tres países acordaron las condiciones cuando podría ocurrir una expropiación, así como que se pagaría de manera pronta el valor de mercado de la propiedad, no lo que las autoridades consideren sea su valor. De cualquier manera, esta situación complica aún más el panorama de la revisión del tratado en el 2026 y genera argumentos adicionales en contra de las empresas que pudieran estar interesadas en ubicarse en el país, pues desde que el TLCAN estaba en vigor, nunca ha sucedido un caso similar en ninguno de los tres países.
En su carta del 20 de septiembre, el grupo bipartidista de 14 representantes solicita a Katherine Tai su pronta intervención debido a que el puerto de Punta Venado es el único puerto de aguas profundas en la península de Yucatán. Argumentan que la expropiación de este puerto es un asunto de seguridad para toda América del Norte en tanto que Rusia y el gobierno chino están buscando expandir su control sobre instalaciones estratégicas de infraestructura en América Latina y que si Vulcan Materials pierde el control del puerto se pueden generar diversos riesgos a la seguridad que afecten incluso al Caribe. Preocupa la actitud del gobierno mexicano, tanto porque Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en nuestro país, como porque viene a complicar mucho más el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, que enfrentará el entorno más retador desde el sexenio de Miguel de la Madrid, aún cuando no hay una recesión.
