Perfil
Aldo Yair Caballero Sandoval
Estudiante de Economía en la Universidad Panamericana, con participación activa en el análisis académico y la vinculación empresarial.
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* En colaboración con Jaime Tbeili Palti
En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una reforma que busca garantizar derechos laborales y acceso a la seguridad social a repartidores que trabajan a través de plataformas digitales en México como DiDi y Uber Eats. Entre las principales prestaciones que busca dar esta propuesta se encuentran: el acceso a seguridad social, seguro de retiro y protección médica a trabajadores que hasta ahora no cuentan con estos beneficios debido a la modalidad de su empleo. La reforma es idealista, ya que propone un cambio significativo que podría mejorar las condiciones de miles de personas en la economía digital, sector que se ha vuelto crucial, pero las consecuencias económicas que ésta traería consigo no fueron bien pensadas.
Por un lado, es verdad que esta reforma presenta un avance importante hacia la justicia laboral. Con el respaldo de un sistema de seguridad social, estos trabajadores obtendrían una protección básica que les brindaría seguridad y estabilidad en un trabajo marcado por la inestabilidad y la falta de beneficios. La formalización de la relación laboral entre plataformas y trabajadores establecería, además, un precedente en América Latina, donde los empleos digitales crecen rápidamente pero siguen siendo precarios.
Sin embargo, esta reforma también presenta diversos desafíos. En primer lugar, las plataformas como Uber y DiDi, argumentan que su modelo de negocio depende en gran manera de la flexibilidad y de una estructura de costos que les permite ofrecer un servicio barato a los usuarios. Asumir las responsabilidades de seguridad social podría verse reflejado en un incremento significativo de los costos, lo cual impactaría no solo a los usuarios, quienes enfrentarían tarifas más altas, sino también a los mismos trabajadores. Además el valor de la flexibilidad que caracteriza a estos empleos, podría verse limitada si la formalización implica horarios y responsabilidades más rígidos.
Así, la reforma de Sheinbaum deja relucir una pregunta importante: ¿cómo se puede brindar protección laboral sin sacrificar la flexibilidad que los empleos de plataformas digitales ofrecen? Podemos considerar que la solución se encuentre en un modelo mixto, donde las plataformas contribuyan a la seguridad social de sus trabajadores, pero sin exigir una relación laboral formal estricta. Este enfoque intermedio ofrecería cobertura básica y mantendría, al mismo tiempo, la flexibilidad laboral que los trabajadores valoran. Un esquema de contribuciones flexibles o la creación de una red de seguridad social específica para los trabajadores digitales podrían ser soluciones viables.
La reforma de Sheinbaum para los trabajadores de plataformas digitales representa un gran paso hacia la justicia social; sin embargo, también presenta preguntas sobre la mejor manera de integrar derechos laborales en la economía digital. Lograr un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la naturaleza flexible de este modelo requiere de cooperación entre el Estado, las empresas y los propios trabajadores. Con diálogo y voluntad, este esfuerzo podría convertirse en un ejemplo a seguir para otros países y una mejora sustancial en las condiciones laborales de miles de personas en México.