En un comunicado conjunto, sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales expresaron su preocupación por las recientes reformas a la Ley del INFONAVIT, aprobadas por la Cámara de Diputados el 1 de febrero de 2025. Las agrupaciones destacaron la importancia de fortalecer al Instituto y proteger los ahorros de los derechohabientes, al tiempo que exigieron mayor transparencia y la erradicación de cualquier acto de corrupción.
Aunque reconocieron ciertos avances en la incorporación del principio de toma de decisiones tripartita y paritaria, los representantes sindicales y empresariales señalaron que muchas de sus propuestas clave no fueron consideradas. Antes de la discusión legislativa, solicitaron un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y fueron recibidos por altos funcionarios del gobierno. Sin embargo, los acuerdos alcanzados en esas reuniones no se reflejaron en el dictamen final.
Entre los puntos más controvertidos, destacaron la designación del Director General como presidente de los órganos colegiados del INFONAVIT, lo que, según ellos, vulnera el principio de paridad. También manifestaron su preocupación por la limitada participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la supervisión del Instituto, así como la reducción de facultades de la Asamblea General, que ahora solo podrá conocer, mas no aprobar, planes y presupuestos.
Además, cuestionaron la creación de una empresa constructora filial que operará sin la supervisión del INFONAVIT, lo que consideran un riesgo para los recursos de los trabajadores. También rechazaron la eliminación del requisito de que la Asamblea General apruebe el nombramiento del Director General, permitiendo al Ejecutivo realizar esta designación de forma unilateral.
Las organizaciones reiteraron su compromiso con un diálogo constructivo y confiaron en que la presidenta Sheinbaum y los senadores reconsiderarán las reformas antes de su aprobación final. Subrayaron que su objetivo es garantizar que el INFONAVIT continúe siendo una institución sólida que beneficie a los trabajadores durante los próximos 50 años.
