La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, presentó este martes 11 de marzo una iniciativa que busca castigar como traición a la patria a los servidores públicos que colaboren con los cárteles del narcotráfico.
El proyecto propone adicionar el artículo 123 Bis al Código Penal Federal, ampliando los supuestos del delito de traición a la patria para incluir a funcionarios involucrados en la producción, tráfico, distribución y financiamiento de narcóticos.
“Esta iniciativa busca no solo sancionar con severidad a quienes traicionen la confianza depositada en ellos como servidores públicos, sino también enviar un mensaje claro de que la colaboración con el crimen organizado es incompatible con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y patriotismo”, señala la legisladora.
Penas más severas y sin prescripción
La propuesta contempla penas de prisión más severas, inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, la destitución inmediata y el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente.
Además, los funcionarios procesados serían trasladados a penales de máxima seguridad y no tendrían acceso a beneficios como preliberación o reducción de pena, salvo que se acrediten atenuantes.
Una de las medidas más radicales de la reforma es que las sanciones sean imprescriptibles, es decir, que el paso del tiempo no anule los castigos.
Llamado a la cooperación con Estados Unidos
Téllez ha sido una fuerte crítica del manejo del narcotráfico en México. El mes pasado, propuso que el gobierno acepte la cooperación militar de Estados Unidos para combatir a los cárteles.
“¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México? ¿Por qué no aceptarlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal?”, cuestionó en el Senado.
Esta postura ha generado debate sobre la soberanía nacional y la estrategia de seguridad del país. Sin embargo, la senadora insiste en que el Estado mexicano no ha podido enfrentar eficazmente a los grupos criminales y que se requieren acciones más contundentes.
¿Qué sigue para la iniciativa?
La propuesta será analizada en comisiones y deberá ser discutida en el Congreso. De aprobarse, representaría un endurecimiento significativo en las penas contra la corrupción vinculada al narcotráfico dentro del sector público.
