24 de mayo de 2025 9:51 am
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Cárceles mexicanas, cada vez más saturadas: sobrepoblación se duplica en 6 meses

Desde octubre de 2024, la sobrepoblación carcelaria en México ha crecido de forma constante, duplicándose en solo medio año.

En apenas seis meses, la sobrepoblación en las cárceles mexicanas ha experimentado un incremento alarmante. De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de marzo de 2025, publicado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, el exceso de internos pasó de 9,632 en septiembre de 2024 a 18,621 en marzo de este año.

Este repunte se ha dado desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, y aunque diciembre fue una excepción, cada mes posterior ha mostrado un aumento constante. En términos porcentuales, la sobrepoblación pasó de 4.28% a 8.32% en ese periodo, una cifra que pone presión tanto sobre el sistema penitenciario como sobre los derechos humanos de los internos.

Chiapas lidera la lista de entidades con mayores niveles de saturación carcelaria. Con una capacidad para albergar a 4,610 personas en sus 15 centros penitenciarios, actualmente tiene 6,514 internos, lo que representa una sobrepoblación de 163.68%.

Le sigue el Estado de México, donde el problema se agrava por la cantidad total de personas detenidas. Sus 21 cárceles tienen espacio para 14,481 reclusos, pero actualmente albergan a 36,174, lo que equivale a una saturación de 149.80%. Esta situación no es nueva, ya que en septiembre pasado la cifra era ya elevada con 145.83%.

Durango se posiciona como la tercera entidad con mayor sobrepoblación. Sus tres centros federales tienen capacidad para 2,295 personas, pero actualmente detienen a 4,574, lo que representa un 99.30% de exceso.

Por el contrario, estados como Baja California muestran una situación opuesta. Según el informe, esta entidad cuenta con cinco centros penitenciarios que en conjunto tienen 2,735 espacios aún disponibles, lo que indica una gestión carcelaria menos presionada.

El informe refleja una creciente presión sobre el sistema penitenciario nacional, un desafío que arrastra problemas heredados y que requerirá reformas estructurales urgentes si se busca garantizar condiciones mínimas de dignidad y seguridad en los centros de reclusión.

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