Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció que más de 100 presuntos criminales han sido liberados en lo que va de 2024 y 2025 debido a decisiones del Poder Judicial. Según explicó, 60 jueces han dictado al menos 193 resoluciones que permitieron traslados, liberaciones y egresos definitivos de personas acusadas de delitos de alto impacto.
Harfuch detalló que estas determinaciones judiciales derivaron en 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que implica que más de un centenar de personas regresaron a las calles, muchas de ellas vinculadas con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, La Familia Michoacana, Los Zetas y Los Rojos.
Uno de los casos más recientes señalados por el secretario fue el del juez Gregorio Salazar Hernández, quien autorizó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, presunto líder del Cártel del Pacífico, a un penal estatal en Sinaloa. Harfuch destacó que este juzgador también ha favorecido a otros procesados por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.
Entre los jueces con mayor número de resoluciones que permitieron liberaciones, figuran Enrique Hernández Miranda, con 58 casos, y Aníbal Castro Borbón, con 15, ambos del estado de Sonora. El funcionario lamentó que, a pesar de la peligrosidad de estos individuos, varios juzgadores hayan emitido sentencias absolutorias o autos de no vinculación a proceso.
Además, se documentaron 27 traslados de internos sin cumplir los requisitos del sistema penitenciario, lo que, según la SSPC, pone en riesgo la seguridad, ya que muchos de estos reclusos enfrentaban cargos por secuestro, homicidio o uso de armas exclusivas del Ejército. El juez Silvestre Peña Crespo fue señalado como responsable de cinco de estos traslados.
Esta práctica de exhibir jueces señalados por decisiones polémicas ya había sido empleada por el expresidente López Obrador y ahora es retomada por la presidenta Sheinbaum en su cruzada contra la impunidad judicial.
