En una medida sin precedentes, la administración del presidente Donald Trump retiró a la Universidad de Harvard su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), lo que prohíbe a la institución inscribir a estudiantes internacionales de forma inmediata. La decisión, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, supone un duro golpe a la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, que tenía en su último curso académico a casi 6,800 estudiantes extranjeros, representando más del 27% del alumnado total.
«Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó», escribió Noem en la red social X. Aseguró que la universidad “fomenta la violencia, el antisemitismo y se coordina con el Partido Comunista Chino”.
La medida forma parte de una creciente campaña de la administración Trump contra instituciones académicas consideradas “progresistas”. Recientemente, el expresidente describió a Harvard como una «institución de extrema izquierda y antisemita», un «desastre progresista» y «una amenaza para la democracia». También ha buscado eliminar programas de diversidad racial y de género en universidades estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Nacional había exigido en abril a Harvard que entregara información detallada sobre la participación de estudiantes internacionales en protestas en el campus, particularmente en manifestaciones propalestinas. Según el diario estudiantil The Harvard Crimson, la universidad accedió parcialmente, entregando algunos registros disciplinarios, lo cual no fue suficiente para evitar la sanción.
En un comunicado oficial, Harvard calificó la medida como «ilegal» y reafirmó su compromiso con la comunidad internacional. “Estamos plenamente comprometidos con mantener la capacidad de Harvard para acoger a estudiantes y académicos internacionales, que enriquecen esta universidad y al país de manera inconmensurable», declaró la institución.
Expertos legales y académicos ya anticipan una batalla judicial. La cancelación de SEVIS a una universidad de la Ivy League no tiene precedentes en la historia moderna de Estados Unidos y podría reconfigurar la relación entre el gobierno federal y la educación superior.
La medida también genera preocupación en otras universidades, que podrían enfrentar consecuencias similares si el gobierno considera que han incumplido con sus requisitos de cooperación o se involucran en actividades que la Casa Blanca percibe como subversivas.