Una investigación de la Fiscalía del Trabajo de Brasil reveló graves violaciones a los derechos laborales en la construcción de la nueva planta del fabricante chino de autos eléctricos BYD, ubicada en Camaçari, Bahía. El 23 de diciembre, las autoridades rescataron a 163 trabajadores chinos que vivían en condiciones insalubres, sin colchones ni refrigeración adecuada para alimentos, y con sueldos retenidos en parte o pagados en moneda extranjera. La obra, operada por la contratista Jinjiang Group, fue clausurada y BYD perdió temporalmente el acceso a visas laborales en Brasil.
El caso ha encendido el debate sobre el impacto de la inversión china en el extranjero, especialmente en países en desarrollo. Expertos señalan que la práctica de traer mano de obra extranjera y mantenerla en condiciones precarias beneficia poco a las economías locales, que se ven privadas de empleo, ingresos y formación para sus ciudadanos. También se cuestiona si las empresas chinas respetan los estándares laborales de los países donde operan.
La situación es particularmente sensible porque el proyecto de BYD estaba ligado al plan de reindustrialización del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tras el cierre de la planta de Ford en 2021, la llegada de BYD con una inversión de 484 millones de dólares fue vista como un impulso clave para la economía local. Se esperaba que su instalación reviviera empresas proveedoras y generara nuevas oportunidades para la población de Camaçari.
Mientras tanto, en China, las reacciones están divididas. Algunos consideran que las denuncias forman parte de una campaña contra las marcas chinas, mientras otros reconocen que las condiciones laborales denunciadas en Brasil no distan mucho de las que existen dentro del propio país asiático. Pese al escándalo, analistas creen que el mercado brasileño seguirá siendo atractivo para los inversionistas chinos, aunque esperan que este episodio marque un precedente sobre la necesidad de respetar las leyes laborales locales.
