En una decisión unánime, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la demanda presentada por el gobierno mexicano contra varios de los principales fabricantes de armas estadounidenses. México buscaba responsabilizar a estas empresas por el flujo de armamento que, según datos oficiales, alimenta la violencia del crimen organizado en su territorio. No obstante, la Corte concluyó que la acción legal es improcedente bajo la actual legislación estadounidense.
La jueza Elena Kagan, en representación del tribunal, argumentó que la demanda violaría los alcances de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), la cual otorga inmunidad a los fabricantes frente a litigios por el uso indebido de sus productos. “Anularía la mayoría de la norma”, indicó la jueza, rechazando que la excepción invocada por México pudiera aplicarse en este caso.
El gobierno mexicano expresó su desacuerdo con la resolución, criticando que la Corte no se pronunciara sobre la noción de “proximidad del daño”, uno de los fundamentos clave en su argumento legal. A pesar del revés, autoridades mexicanas subrayaron que continuarán combatiendo el tráfico ilícito de armas y recordaron que permanece activa una segunda demanda presentada en Tucson, Arizona, contra tiendas específicas de distribución.
En contraste, los fabricantes involucrados —como Smith & Wesson, Glock, Colt y Beretta— celebraron el fallo, y algunas de sus acciones incluso cerraron al alza tras conocerse la decisión. Por su parte, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, reafirmó el compromiso de su país para frenar el tráfico de armas, destacando la colaboración entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum para combatir la violencia vinculada al crimen organizado.
Con esta resolución, la vía legal internacional emprendida por México sufre un revés significativo, mientras persisten las tensiones en torno al tráfico de armamento que cruza la frontera sur de EE.UU. rumbo a territorio mexicano.
