En el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, la inversión física del sector público ha experimentado una caída histórica del 34% en términos reales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta contracción, la más severa desde 1995 durante la crisis del «error de diciembre», reduce el presupuesto destinado a infraestructura a 283,500 millones de pesos al cierre de abril de 2025.
Uno de los aspectos más llamativos es que casi la mitad de estos recursos —44%— han sido canalizados a Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que áreas como salud y educación apenas han recibido el 2% y 3% respectivamente, según el análisis de la organización México Evalúa. La baja asignación a servicios básicos ha generado preocupación, sobre todo por el cuestionado desempeño financiero de la petrolera estatal.
Especialistas advierten que esta situación es atribuible a dos factores principales: la tradicional dificultad para ejercer el gasto público en el primer año de cada administración, y los recortes derivados del elevado endeudamiento heredado del gobierno anterior. Esta combinación ha reducido también el gasto programable, afectando otras áreas clave del desarrollo nacional.
Expertos como Jorge Cano, de México Evalúa, señalan que una inversión pública tan reducida puede tener efectos adversos para la economía, ya que inhibe la inversión privada y, por ende, limita el crecimiento económico. El gobierno actual busca implementar una consolidación fiscal, pero la caída en inversión tangible —como carreteras, maquinaria y servicios— podría comprometer el desarrollo a largo plazo si no se equilibran mejor las prioridades presupuestales.
