La ciudad de San Diego, al igual que otras urbes importantes en Estados Unidos, está experimentando las consecuencias económicas de los operativos masivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La incertidumbre y el temor a ser arrestados o separados de sus familias han provocado un impacto significativo en la región, llevando a protestas y a una palpable inquietud entre la población.
Kenia Zamarripa, vicepresidenta de Asuntos Públicos e Internacionales de la Cámara de Comercio de San Diego, ha destacado la importancia crucial de la fuerza laboral inmigrante en la economía local. «Un tercio de la fuerza laboral aquí en San Diego está comprendida por los inmigrantes, de hecho, es el mismo número que vemos aquí en California, esto es uno de cada tres miembros de nuestra fuerza laboral es un inmigrante», explicó. Además de su contribución laboral, los migrantes generan más de 400 millones de dólares al año en el estado de California y aportan más de 167 millones de dólares anualmente a través de impuestos, además de crear miles de empleos.
Esta situación de incertidumbre afecta directamente a los empleadores, quienes deben invertir más recursos para reestructurar su logística y encontrar personal que cubra los puestos dejados vacantes por el miedo a los operativos. «Toda esta incertidumbre hace que a lo mejor ya no lleguen a trabajar y el empresario tiene que buscar la manera de contratar más personas para buscar cómo rellenar esos espacios, de gastar más dinero en todo esto para volver a reestructurar su logística y esto le está costando más», detalló Zamarripa. La Cámara de Comercio también expresa preocupación por el crecimiento a futuro y a largo plazo de la región, ya que la desconfianza generada podría desalentar la inversión.
Ante este panorama, Zamarripa subraya la urgencia de una reforma migratoria que incluya un camino hacia la ciudadanía, permitiendo que todos los migrantes continúen aportando de manera plena a la fuerza laboral. «Nuestras empresas necesitan esta fuerza laboral, es uno de cada tres, entonces ¿qué vamos a hacer si no tenemos el acceso a esta fuerza laboral?», cuestionó, enfatizando que esta situación impactará de manera inmediata a la economía local, estatal y de todo Estados Unidos. Incluso las personas con un estatus legal temen ir a trabajar por el riesgo de operativos o arrestos que puedan afectarles a ellos o a sus familias, lo que agrava la inseguridad general.
