El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió medidas históricas contra tres instituciones financieras mexicanas por su participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de opioides sintéticos. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, que, según las autoridades estadounidenses, han facilitado movimientos millonarios para cárteles responsables de introducir fentanilo y otras drogas a territorio estadounidense.
CIBanco y Intercam, que cuentan con activos superiores a los 7 mil y 4 mil millones de dólares respectivamente, junto con Vector, que gestiona cerca de 11 mil millones, habrían ayudado a carteles como el de Sinaloa, CJNG y el del Golfo a lavar fondos y adquirir precursores químicos provenientes de China. Entre las operaciones señaladas se encuentra la apertura deliberada de cuentas para ocultar fondos ilícitos y el procesamiento de pagos millonarios dirigidos a empresas vinculadas con el envío de insumos para la elaboración de fentanilo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que estas instituciones han sido piezas clave en la cadena de suministro del fentanilo al facilitar el flujo financiero de los grupos criminales. Remarcó que estas acciones reflejan la determinación del gobierno de EE.UU. de emplear todas sus herramientas legales para frenar el avance del narcotráfico y el terrorismo asociado. Las órdenes emitidas prohíben a las instituciones financieras estadounidenses realizar transacciones con las entidades sancionadas, una medida que entrará en vigor en un plazo de 21 días.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno estadounidense para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas, el cual incluye la reciente designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Las autoridades de ambos países han reiterado su compromiso de reforzar los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en busca de proteger a la población de los riesgos que plantea el crimen organizado transnacional.
