La política sanitaria mexicana se reconfigura entre la diplomacia y los intereses corporativos. Claudia Sheinbaum anunció el 30 de junio la designación de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), un nombramiento que ha sido cuestionado por su papel en la gestión del COVID-19. Aunque el Ejecutivo afirma que no requiere aval del Senado, legisladores insisten en que un cargo internacional de esta naturaleza debería pasar por escrutinio público, especialmente ante las críticas que López-Gatell enfrentó por omisiones y contradicciones durante la pandemia. Al cierre de esta edición, el Diario Oficial de la Federación no ha publicado el decreto correspondiente.
Simultáneamente, Novartis comunicó —a través de su área de Relaciones con Inversionistas y en declaraciones difundidas por Expansión México— que duplicará su inversión en el país, pasando de 13 a más de 26 millones de dólares en investigación clínica y contratación de personal especializado. Este anuncio ha sido bien recibido por COPARMEX, que lo califica como “una señal de confianza empresarial”. No obstante, expertos del sector salud advierten sobre la urgencia de modernizar la regulación de ensayos clínicos en México y de evitar que la creciente influencia de la industria farmacéutica comprometa la ética médica o la equidad en el acceso a tratamientos.
La simultaneidad de estos eventos refleja una estrategia gubernamental ambiciosa: reposicionar a México como actor relevante en la agenda sanitaria global. El reto, sin embargo, será alinear el prestigio internacional con la transparencia institucional y un marco legal que priorice el bienestar colectivo frente a los intereses políticos o económicos.
