La Secretaría de Gobernación (Segob), liderada por Rosa Icela Rodríguez, y las secretarías de Gobierno en las 32 entidades federativas, consolidaron un plan conjunto para impulsar la Agenda Nacional de Derechos Humanos, respaldado por la recién aprobada Ley General en junio de 2025. El diálogo incluyó a colectivos de búsqueda, cuya participación aportó más de 570 propuestas para incorporar en el texto legal, con especial énfasis en la búsqueda de personas desaparecidas y el reforzamiento del ejercicio de la libertad de expresión sin censura .
El subsecretario Arturo Medina destacó la puesta en marcha del Protocolo Tipo para Atención de Protesta Pacífica, adaptado localmente en la Ciudad de México y Zacatecas, como un avance hacia garantizar la manifestación libre y pacífica. Asimismo, Rodríguez enfatizó que la colaboración entre niveles de gobierno busca generar acceso a la verdad y justicia para las familias afectadas.
Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de su implementación efectiva. El reto no solo radica en la creación de protocolos, sino en su aplicación constante y la asignación de recursos suficientes en cada estado. La demanda por monitoreo ciudadano, rendición de cuentas y transparencia institucional será clave para evitar que estas medidas queden únicamente en el discurso oficial.
En conjunto, la estrategia actual presenta un avance estructural, pero su impacto real solo será evaluable a través de resultados concretos en la búsqueda de desaparecidos, en la protección plena de libertades cívicas y en la instalación de una cultura de derechos humanos que trascienda los alcances legislativos.
