La Unión Europea (UE) y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo que busca establecer una «paz arancelaria», estableciendo un arancel máximo del 15% sobre la mayoría de las exportaciones europeas hacia el mercado estadounidense. Esta medida, aunque presentada como un logro para evitar una escalada comercial, ha sido vista por algunos analistas y sectores europeos como una concesión significativa. Paralelamente, el pacto incluye un ambicioso acuerdo energético que compromete a la UE a importar energía estadounidense por valor de 750 mil millones de dólares, además de inversiones europeas por 600 mil millones en la economía estadounidense.
La «letra pequeña» de este acuerdo energético, sin embargo, revela considerables desafíos. Expertos señalan que la cifra de 750 mil millones de dólares es prácticamente inasumible, dado que las compras las realizan empresas privadas europeas, sobre las cuales la Comisión Europea carece de control directo. Además, se cuestiona la capacidad real de Estados Unidos para suministrar tal volumen de energía y la lógica económica de priorizar el gas y petróleo estadounidense sobre proveedores más cercanos y económicos como Noruega. Esto apunta a dificultades logísticas y una decisión final que recae en las empresas, no en Bruselas.
Críticamente, el acuerdo general ha generado descontento en varias capitales europeas. La asimetría del pacto, donde la UE acepta un arancel del 15% mientras Bruselas no impone aranceles recíprocos a los productos estadounidenses, ha sido motivo de preocupación. Algunos sectores, como el automotriz alemán, ven el 15% como una carga considerable. La naturaleza política y no legalmente vinculante del acuerdo, aunado a las dudas sobre su viabilidad y equidad, subraya la complejidad de las relaciones transatlánticas bajo el actual panorama geopolítico.
