El gobierno argentino ha oficializado el cierre de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), un movimiento que ha culminado con la renuncia de su titular, Marcos Ayerra. Esta decisión llega en un momento de fuerte tensión interna y una crítica situación económica, agravada por el reconocimiento de que unas 13,000 empresas han cerrado sus puertas en el último período.
La salida de Ayerra y la reestructuración del área, cuyas funciones serán transferidas a una Dirección Nacional bajo la órbita de Pablo Lavigne, se produce en un contexto de profunda preocupación para el sector empresarial. Los programas de apoyo para las PYMES, históricamente fundamentales, ya habían sido drásticamente reducidos, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de las políticas de fomento productivo.
Pablo Lavigne, quien ahora asume el control del sector, es un funcionario con perfil técnico que ha sido criticado por grupos industriales por su postura a favor de la apertura de importaciones. Su liderazgo en este nuevo esquema, sumado a la eliminación de la Secretaría como entidad de peso, ha provocado inquietud entre los empresarios, quienes temen por la falta de un interlocutor válido y la continuidad de las estrategias de apoyo. La incertidumbre política y la falta de una estrategia unificada podrían impactar negativamente en un sector ya debilitado.
El cierre de esta dependencia y la consecuente dimisión de su líder reflejan una reconfiguración de la estructura de gobierno que, a juicio de los críticos, podría dejar a las PYMES en una posición aún más vulnerable frente a los desafíos económicos.
