La venta de 15 centrales eléctricas de Iberdrola en México, valorada en 4,170 millones de dólares, ha generado un debate sobre los motivos detrás de la transacción. A pesar de los conflictos pasados entre la empresa española y el gobierno de México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha desestimado cualquier presión política, asegurando que la salida de la compañía fue una «decisión empresarial».
Sin embargo, el comprador, la empresa española COX, ha levantado interrogantes en el sector financiero. Antes de 2020, la compañía era prácticamente desconocida y carecía de contratos o activos de energía. Su CEO, Enrique Riquelme, se asoció con exmiembros del problemático Grupo Abengoa, lo que añade un elemento de crítica y cautela a la operación. La adquisición de activos de una magnitud tan considerable por parte de una empresa con un historial tan limitado en el país ha suscitado preguntas sobre las verdaderas dinámicas detrás del acuerdo.
A pesar de la explicación oficial, analistas sostienen que la transacción podría ser un indicio de una estrategia de repliegue de Iberdrola ante las políticas energéticas del país. La venta a un comprador con conexiones a figuras de un pasado empresarial complicado, en lugar de a la CFE como se había rumoreado, sugiere que la historia es más compleja que una simple decisión de negocios.
Esta situación subraya la importancia de la transparencia en las operaciones financieras a gran escala y deja en el aire el destino de los 500 empleados de Iberdrola en México, ya que COX tiene una presencia operativa mínima en el país.
