El periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha consolidado como el más violento en la historia moderna de México, con un registro de más de 199,000 homicidios a nivel nacional. Esta cifra alarmante, que supera a las de sexenios anteriores, pone de relieve una crisis de seguridad que no solo afecta la vida social, sino que también tiene profundas implicaciones económicas para el país.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la brutalidad de esta violencia es palpable: en 2024, el 71.76% de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego. Este dato subraya una preocupante militarización del conflicto interno y una escalada en la capacidad letal de los grupos criminales, cuya pugna se intensificó en estados como Sinaloa, donde los homicidios crecieron más del 50% en un solo año.
Esta espiral de violencia tiene un costo directo para la economía mexicana. La inseguridad generalizada afecta la confianza empresarial y la toma de decisiones de inversión, ya que las empresas se enfrentan a mayores costos de seguridad, extorsiones y riesgos operativos. Además, la percepción de inseguridad puede disuadir la inversión extranjera directa, así como afectar negativamente a sectores cruciales como el turismo, al dañar la reputación del país como un destino seguro.
En un contexto donde la estabilidad es vital para el crecimiento económico, las cifras de homicidios del sexenio de AMLO sirven como un recordatorio crítico de que la inseguridad es un factor disuasorio que mina el desarrollo y la prosperidad a largo plazo de la nación.
