La población joven de México, entre 15 y 24 años, enfrenta una entrada al mercado laboral marcada por condiciones precarias y una alta vulnerabilidad. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de informalidad para este grupo demográfico asciende al 64%, una cifra que supera en más de 10 puntos porcentuales el promedio nacional y expone la fragilidad de su situación.
Más allá de la falta de un contrato formal, la informalidad juvenil se traduce en la ausencia de derechos laborales básicos. Un 31% de los jóvenes entre 20 y 29 años carece de prestaciones, mientras que un preocupante 42% percibe un salario de un solo salario mínimo o menos. Además, casi una cuarta parte de los trabajadores jóvenes excede la jornada laboral legal de 48 horas semanales.
Esta realidad laboral no solo impacta en la calidad de vida de los jóvenes, sino que también tiene serias consecuencias económicas para el país. La baja productividad, la falta de seguridad social y el limitado poder adquisitivo de este segmento de la población frenan el consumo y el crecimiento a largo plazo. Expertos señalan que esta situación se agrava por la falta de experiencia, una barrera que afecta a un 60% de los jóvenes.
Para revertir esta tendencia, es crucial implementar políticas que no solo promuevan la creación de empleos, sino que también garanticen condiciones laborales justas y dignas. El futuro económico de México depende de la capacidad del país para integrar de manera productiva y formal a su vasta población joven.
