El rezago educativo en México representa una crisis social de dimensiones alarmantes, con más de 26 millones de personas mayores de 15 años sin haber completado la educación básica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta brecha educativa no solo limita las oportunidades individuales, sino que se ha convertido en un obstáculo estructural que frena la productividad y el desarrollo económico del país.
El problema afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. Las cifras del INEGI revelan que el rezago es mayor entre las mujeres y, de manera particularmente crítica, en las comunidades indígenas y zonas rurales. Estas disparidades geográficas y de género evidencian la falta de equidad en el acceso a la educación y las políticas públicas.
Las consecuencias económicas de esta situación son directas y cuantificables. Una población con bajos niveles de escolaridad es menos productiva y tiene menos capacidad para insertarse en empleos de alto valor agregado, lo que limita el crecimiento del PIB. Además, el rezago educativo está intrínsecamente ligado a la alta informalidad laboral y a la falta de acceso a prestaciones sociales, lo que genera una economía más vulnerable y con menor capacidad contributiva.
Para superar este desafío, se requiere una inversión sostenida en educación y políticas que no solo promuevan la alfabetización, sino que también cierren las brechas que impiden a millones de mexicanos alcanzar su máximo potencial. La crisis educativa es, en esencia, una crisis económica.
