El acceso a servicios de salud en México ha alcanzado una situación crítica. Según la Medición de Pobreza Multidimensional del INEGI, en 2024, el 34.2% de la población, equivalente a 44.5 millones de personas, no tenía acceso a servicios de salud. Aunque esta cifra representa una ligera mejora con respecto a 2022, es un incremento alarmante del 121% en comparación con 2018, lo que evidencia un deterioro estructural en el sistema.
Esta falta de cobertura pública tiene un impacto directo y severo en la economía de los hogares. Al no contar con servicios de salud formales, millones de familias se ven obligadas a recurrir a la atención privada y a pagar de su bolsillo los gastos médicos. Este desembolso se convierte en una de las principales causas de empobrecimiento, consumiendo una parte significativa de los ingresos familiares y limitando su capacidad de ahorro o inversión.
El aumento en la población sin acceso a servicios de salud es, en esencia, una crisis de salud que se manifiesta en la economía familiar. En lugar de ser un motor de bienestar y productividad, los gastos en salud se convierten en una carga financiera que perpetúa el ciclo de pobreza y desigualdad. La situación resalta la necesidad de una política de salud pública más robusta y universal.
La falta de acceso a la salud no solo es un problema social, sino también económico, y su resolución es fundamental para el desarrollo sostenible y la prosperidad de la nación.
