La migración, un fenómeno social de gran escala, tiene un impacto económico con dos caras bien diferenciadas. Por un lado, para los países de América Latina, el flujo de remesas se ha consolidado como un pilar económico fundamental, que inyectó 96,8 mil millones de dólares en 2020. Este capital, que ayuda a aliviar la pobreza familiar y a dinamizar el consumo, crea, sin embargo, una peligrosa dependencia económica vulnerable a los cambios en las políticas migratorias. Además, la región sufre la «fuga de cerebros», la pérdida de profesionales que podrían impulsar el desarrollo local.
Por otro lado, en Estados Unidos, la migración se ha convertido en un negocio millonario. El sector de las prisiones privadas, con corporaciones como CoreCivic a la cabeza, ha encontrado un lucrativo nicho en el sistema de detención de inmigrantes. Estas empresas, que albergan al 90% de los detenidos, reciben pagos del gobierno federal por cada persona que detienen, un modelo que ha incentivado una expansión agresiva.
El contraste entre estos dos escenarios es notable. Mientras que los países de origen se benefician de las remesas, la migración irregular ha sido instrumentalizada para generar ganancias en el país de destino, a menudo a través de un sistema de detención que es criticado por su falta de supervisión y su conexión con agendas políticas.
El análisis crítico de este panorama sugiere que para maximizar los beneficios económicos de la migración y mitigar sus efectos negativos, se requieren políticas públicas inclusivas y una supervisión estricta que desincentive la explotación y garantice un trato humano en el proceso migratorio.
