La Asociación de Bancos de México (ABM) ha expresado su confianza en que los casos de lavado de dinero que involucran a instituciones financieras mexicanas en Estados Unidos se resolverán antes de la fecha límite del 20 de octubre. El presidente de la ABM, Emilio Romano Mussali, ha minimizado los riesgos sistémicos y ha calificado las medidas tomadas, como la venta de negocios fiduciarios, como una «solución de mercado». La delegación de banqueros que viajará a Washington busca convencer a autoridades clave como FinCEN y OFAC de que se está actuando con diligencia.
Sin embargo, desde la perspectiva de Estados Unidos, el problema es mucho más que una simple cuestión de negocios. La presión ejercida por las agencias reguladoras refleja una profunda preocupación por la capacidad de los bancos para prevenir el flujo de dinero ilícito, principalmente ligado al narcotráfico. El gobierno estadounidense no busca solo una multa o un arreglo temporal, sino que exige una reestructuración fundamental en los sistemas de cumplimiento y control para asegurar que estas instituciones no sean utilizadas para facilitar el lavado de dinero a escala internacional.
La confianza de la ABM choca con la severidad del mensaje de Washington. El problema de fondo no se resuelve con la venta de activos, sino con la implementación de controles internos que satisfagan los rigurosos estándares estadounidenses. El desafío para la banca mexicana es demostrar que sus mejoras son genuinas y sostenibles. De lo contrario, los riesgos de ser desconectados del sistema financiero de EE.UU. siguen siendo una amenaza para el sector.
