Cientos de ahorradores de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) CAME han presentado una demanda contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), argumentando que la negligencia regulatoria del organismo permitió que se cometiera un fraude que los dejó sin sus ahorros. El grupo, que aglutina a cerca de 1,200 ahorradores, exige la devolución de más de 400 millones de pesos, una cifra que excede los límites de protección del seguro de depósitos. La quiebra de CAME, que fue intervenida por las autoridades en 2022, ha dejado a miles de familias en una situación de incertidumbre financiera, ya que muchos de ellos son adultos mayores que invirtieron sus ahorros de toda la vida.
La demanda contra la CNBV subraya un problema más amplio en el sector financiero mexicano: la falta de una supervisión estricta de las SOFIPOS. Aunque estas instituciones financieras son vitales para la inclusión financiera, su falta de regulación las hace vulnerables a fraudes. La CNBV, que es la responsable de la supervisión de estas entidades, ha sido criticada por su falta de proactividad y por no haber detectado a tiempo las irregularidades en CAME.
El caso de CAME no es un hecho aislado. La quiebra de otras SOFIPOS en el pasado ha puesto en duda la eficacia del sistema de supervisión mexicano. La demanda de los ahorradores es un recordatorio de que la confianza en el sistema financiero es frágil. La resolución de este caso tendrá profundas implicaciones para la regulación del sector y para la protección de los ahorradores en el país.
