El gobierno mexicano, a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha delineado su estrategia para la revisión del T-MEC que iniciará en 2026. La postura de México se enfocará en tres demandas principales: la movilidad laboral para facilitar la entrada de trabajadores mexicanos a EE.UU., una política energética soberana que respete el control del Estado sobre el sector, y un acuerdo para que la inversión privada pueda tener un papel más relevante en las industrias estratégicas. Estas demandas son cruciales para el futuro de la economía mexicana, ya que buscan un equilibrio entre el comercio y la soberanía nacional.
La revisión del T-MEC se produce en un momento de gran incertidumbre política y económica. Por un lado, la reelección de Donald Trump en Estados Unidos ha generado preocupaciones sobre la posible imposición de nuevos aranceles y el endurecimiento de las reglas de comercio. Por otro, la economía mexicana enfrenta una desaceleración en su crecimiento y una falta de inversión privada que ha sido un lastre para su dinamismo. La revisión del T-MEC es una oportunidad para que México negocie un nuevo acuerdo que beneficie a sus trabajadores y empresas.
La estrategia de México, sin embargo, enfrenta un gran desafío. Aunque el gobierno defiende que sus demandas son legítimas, el proceso de negociación será difícil, ya que Estados Unidos buscará proteger sus intereses. El resultado de la revisión del T-MEC tendrá un impacto directo en el futuro de la economía mexicana y en su relación con sus socios comerciales.
