El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ha advertido que el sector de generación eléctrica en México aún padece un profundo desorden. Este problema, resultado de la reforma energética de 2013, ha creado áreas con un exceso de producción y otras con escasez, lo que pone en riesgo la estabilidad del sistema. En respuesta, la nueva administración ha propuesto un nuevo marco regulatorio que, a través de reformas constitucionales, busca restablecer el control estatal en el sector. La nueva política establece un esquema claro en el que el 54% de la generación eléctrica es controlada por el Estado y el resto por empresas privadas.
El gobierno argumenta que la reforma de 2013 dejó la seguridad del suministro eléctrico en manos de un «mercado» ineficiente, lo que generó el desorden actual. El director del CENACE, Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino, ha señalado que la nueva política busca garantizar un suministro seguro y asequible para todos los mexicanos. La medida, sin embargo, ha generado un intenso debate entre el sector público y el privado. Mientras que el gobierno defiende su derecho a tener el control del sector, el sector privado argumenta que la nueva política podría desalentar la inversión y la competencia.
El debate sobre la política energética es un recordatorio de que en México, la energía es un asunto estratégico y político. La reforma de 2013 buscó liberalizar el sector. La nueva política busca revertir ese proceso y darle al Estado un papel más dominante. El futuro del sector energético de México dependerá de si el gobierno puede encontrar un equilibrio entre la necesidad de un suministro seguro y asequible y el papel de la iniciativa privada.
