Geopolítica y Comercio
Una de las principales consecuencias que la política arancelaria de Donald Trump está teniendo en sus principales socios comerciales, como Canadá, los países de la Unión Europea, Reino Unido, Japón y Corea del Sur es que todos – excepto México – están aplicando diversas medidas para diversificar sus mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos. Trump continuará aplicando aranceles a diferentes insumos y productos terminados ahora al amparo de otras leyes que no sea la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como la IEEPA por sus siglas en inglés, que se encuentra impugnada ante la suprema corte de su país.
Desarrollar otros mercados además del estadounidense es un proceso que llevará más de un año, sobre todo para países como México y Canadá cuyas exportaciones a la Unión Americana son en su mayoría insumos y productos intermedios, esto es, productos que se usan para la producción de otros bienes como pueden ser las autopartes, componentes para la construcción (como la madera, una de las exportaciones canadienses más importantes), componentes electrónicos y de diversos materiales. Además, esto es una de las razones por las que Estados Unidos mantiene un déficit comercial con China y un centenar adicional de países que son sus proveedores.
Hay que enfatizar que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se hacen de acuerdo a las especificaciones que establece alguna empresa que ya opera en ese país, las que incluyen las normas de calidad, seguridad y desempeño que apliquen al producto que vaya a ser puesto finalmente a la venta. Y en el caso de Estados Unidos, dichas normas pueden ser de aplicación nacional y en muchos casos a nivel estatal, lo que fuerza a producir en diversas ocasiones productos destinados para un estado en particular. Por ejemplo, en la Unión Americana cada estado puede establecer niveles para el control de la contaminación superiores a los que establece a nivel federal la Agencia de Protección Ambiental, conocida por sus siglas en inglés como la DEA, lo que afecta la producción de motores y equipo que genere emisiones contaminantes.
Por ello, las empresas que utilizan a compañías mexicanas como proveedoras otorgan certificados que amparan la confiabilidad de aquello que producen los productores de este país, tanto por cumplir con las especificaciones establecidas en el contrato, por la puntualidad en la entrega y por la baja incidencia de aquellos productos que no cumplan con las condiciones de calidad requeridas. Por otra parte, estos certificados promueven relaciones comerciales de largo plazo y pedidos de alto volumen, aunque en otras ocasiones también pueden implicar condiciones de exclusividad, esto es, que el productor le venda a su comprador toda la producción de dicho producto, como le sucede a los tomateros y a los productores de otros productos agrícolas mexicanos, que con la aplicación de aranceles están teniendo que renegociar esos contratos para poder vender toda su producción.
Y la importación de insumos y bienes intermedios se da cuando un país no cuenta con los insumos necesarios o cuando los bienes intermedios nacionales son más caros que los de importación, lo que les ha abierto las puertas a los productos chinos y de otros países. Por ello, la sustitución de importaciones que pretende el gobierno de Claudia Sheinbaum es un proceso que implica mucho tiempo y que no depende de aplicar aranceles a productos de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio (TLC). En algunos casos el importador podrá encontrar otros proveedores en países con los que exista un TLC, aunque ello no garantiza que sea al mismo precio, lo que se verá reflejado en un aumento en los costos de producción y finalmente en el precio de venta.
Las importaciones provenientes de países con los que no tenemos un TLC representan el 39% del total, 20% de estas llegan de China y el otro 19% de unos 20 países de Asia y de Sudamérica. La aplicación de aranceles a estos productos no garantiza la producción nacional de los mismos y bien puede llevar a generar otros conflictos con países que pueden representar nuevos mercados y con los que tendremos que establecer en su momento nuevas condiciones comerciales. La experiencia durante el gobierno de Luis Echeverría muestra que no funciona eliminar la competencia a la industria nacional. De ahí que esta medida se ha interpretado como la aceptación de otro capricho del gobierno de Trump y aumenta la vulnerabilidad de la industria.
