Durante los primeros ocho meses del año, el gobierno mexicano mantuvo una política de austeridad notable: el gasto público ejercido sumó 5 billones 961,107 mdp, lo que implica una caída real de 3.6 % respecto al periodo similar del año anterior. El Esa restricción se tradujo también en un subejercicio presupuestal de 321,973 mdp. No obstante, lejos de aliviar la carga fiscal, el costo financiero de la deuda siguió escalando. En ese lapso el gobierno destinó 820,820 mdp, cifra que representó un crecimiento real anual de 9.3 %. Aunque representó un esfuerzo para reducir presiones presupuestales, el desembolso fue 22,527 mdp inferior al proyectado para el periodo.
Del lado de los ingresos, las cifras mostraron una dinámica mixta. Los ingresos públicos sumaron 5 billones 379,968 mdp, un avance de 2.6 % anual, aunque quedaron 117,988 mdp por debajo de la meta presupuestaria. En específico, los ingresos petroleros mostraron debilidad, con una caída interanual de 15.8 %. En contraste, los ingresos tributarios aportaron mayor dinamismo, registrando un alza de 6.5 % anual. Aunque el gobierno ha logrado reducir el déficit fiscal —los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcanzaron 709,503 mdp hasta agosto— el escenario no carece de desafíos. La deuda ampliada permanece en 17.8 billones mdp, equivalente al 49.5 % del PIB, aunque ligeramente por debajo del 51.3 % al cierre de 2024.
Este contraste entre una disciplina en el gasto y el acelerado crecimiento del costo de la deuda revela una tensión estructural en el diseño fiscal. Limitar el gasto no basta si las condiciones de financiamiento empujan los intereses al alza —una advertencia sobre los límites de la austeridad en entornos de tasas elevadas.
