El reciente dictamen aprobado por la Cámara de Diputados en México revela que, aunque el Gobierno aseguró que no habría nuevos impuestos para 2026, sí contempla múltiples incrementos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y nuevos gravámenes indirectos.
Entre los aumentos más visibles se encuentra el impuesto a los refrescos azucarados —que pasa de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro—, y la introducción de una tasa de 1.50 pesos por litro para bebidas “light” o con edulcorantes.Los sueros y bebidas electrolíticas sin cumplir estándares de la Organización Mundial de la Salud también quedarán gravados con 3.08 pesos por litro. En cuanto al tabaco, se prevé que el IEPS aumente progresivamente hacia el 200 %, y aparecen nuevos gravámenes: un impuesto del 8 % para videojuegos con contenido violento, y un salto del 30 % al 50 % en la tasa de apuestas en línea. Además, se elevarán tarifas para trámites como entradas a museos, permisos migratorios y certificados fitosanitarios, en muchos casos más que duplicando el costo actual.
Desde una perspectiva crítica, si bien el Gobierno argumenta que estos “impuestos saludables” sirven para promover mejores hábitos de consumo y cerrar “agujeros” fiscales derivados de evasión o contrabando, la estrategia corre el riesgo de cargar el ajuste en los hombros del consumidor medio. Sectores empresariales y analistas advierten que, en un contexto de crecimiento económico moderado (previsión entre 1 % y 1.4 %), esta vía puede generar un efecto recesivo en el consumo interno y encarecer productos esenciales.
En resumen, el Paquete Económico 2026 apuesta por una mayor recaudación vía consumo gravado y tarifas elevadas, más que por una reforma estructural tributaria que distribuya la carga de forma más progresiva.
