La Cámara de Diputados de México aprobó el dictamen de reforma a la Ley Aduanera, una pieza central del Paquete Económico 2026, con el objetivo de transformar radicalmente el sistema aduanero mexicano. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de amplios sectores industriales, busca modernizar la legislación para combatir la evasión y elusión fiscal, la subvaluación y el contrabando, que han generado pérdidas millonarias al erario.
Los industriales respaldan la medida al considerarla una respuesta firme para garantizar un comercio justo, legal y competitivo. La reforma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, se centra en la digitalización, implementando sistemas tecnológicos avanzados (incluyendo videovigilancia y control de inventarios en línea 24/7) en recintos fiscalizados para fortalecer el control de la autoridad.
No obstante, el dictamen ha encendido las alertas en diversos gremios empresariales, como el sector de las maquiladoras (IMMEX). Las críticas apuntan a una sobrerregulación que podría acarrear costos elevados de cumplimiento y litigios, lo que, a su vez, podría restar competitividad a México frente a sus socios comerciales y desalentar la inversión extranjera.
Los cambios endurecen las responsabilidades de los agentes aduanales, restringen la reinstalación de certificaciones clave y elevan las multas, con el objetivo de eliminar la corrupción y las prácticas ilegales. Críticamente, esta intensificación de la fiscalización, aunque necesaria para aumentar la recaudación, se percibe como un cambio de piso que obliga a las empresas a realizar grandes inversiones en compliance para evitar que simples errores administrativos se traduzcan en graves consecuencias penales.
