La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México ha descartado la creación de un fondo especial para canalizar los ingresos generados por los llamados «impuestos saludables» en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026. Esta decisión, anunciada por la subsecretaria de Egresos, implica que los 41 mil millones de pesos esperados de estos gravámenes (alimentos chatarra, bebidas azucaradas/edulcoradas, tabacos y videojuegos) se integrarán a la función de salud sin un etiquetado legal que garantice su uso exclusivo en la prevención y tratamiento de enfermedades.
La SHCP señaló que, en lugar de un nuevo fondo, «podría verse» que los recursos sean dirigidos al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). Sin embargo, la falta de una vinculación legal específica genera una crítica fundamental: convierte el destino de los ingresos en una medida discursiva más que estructural.
Organizaciones de la sociedad civil y legisladores de la oposición critican que esta práctica diluye el presupuesto y la rendición de cuentas, reduciendo la atención medible a problemas graves de salud pública como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. La falta de un fondo específico choca con el propósito «extrafiscal» de los impuestos, que es precisamente desincentivar el consumo y financiar las consecuencias sanitarias de dichos productos.
Aunque la SHCP argumenta que el presupuesto total de salud aumentará a $966 mil millones de pesos, el destino exacto de los fondos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la práctica se rige por la Ley de Ingresos y no por una asignación directa. El debate se centra en si el gobierno priorizará la eficiencia recaudatoria sobre la eficacia sanitaria de estos instrumentos fiscales.
