La Cámara de Diputados de México aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, un plan que contempla un gasto histórico de $10.1 billones de pesos. El paquete, que fue ratificado con votos de la mayoría oficialista, es la hoja de ruta del gasto público y la inversión para el primer año de la nueva administración.
El presupuesto final no presentó modificaciones significativas a la propuesta original, manteniendo el enfoque en el gasto social, los programas de bienestar y la finalización de los proyectos prioritarios de infraestructura. Sin embargo, la aprobación ha sido objeto de una intensa crítica económica por su impacto en las finanzas públicas.
La oposición y los analistas señalan que el PEF 2026 es el más alto en términos nominales, y está respaldado por un endeudamiento que también alcanza niveles históricos, comprometiendo el margen fiscal de la próxima administración. La Ley de Ingresos que sustenta este gasto prevé un alto nivel de ingresos tributarios y la aprobación de nuevos «impuestos saludables», lo que implica una presión fiscal creciente sobre los contribuyentes.
Críticamente, el PEF 2026 ratifica los recortes a los órganos autónomos y la reducción de presupuesto a sectores considerados no prioritarios por el Ejecutivo. Esta asignación presupuestaria genera el riesgo de subfinanciamiento en áreas clave como la ciencia, la tecnología y el desarrollo de infraestructura no ligada a los proyectos centrales del gobierno, lo que podría frenar la competitividad y el potencial de crecimiento del PIB a largo plazo.
