El Ejecutivo mexicano ha decidido implementar aranceles que van del 156 % al 210 % sobre las importaciones de azúcar, como medida excepcional para frenar la competencia que productores nacionales consideran desleal e intensa.
La industria azucarera alertaba que las importaciones —irregulares o bajo esquemas de triangulación— estaban presionando a la baja los precios internos y generando un deterioro estructural en el sector. Esta nueva política tarifaria busca estabilizar el mercado doméstico, proteger la producción nacional y dar certidumbre a los ingenios azucareros.
Desde una perspectiva crítica, algunos puntos sobresalen:
- Aunque el arancel tan elevado puede brindar protección temporal a los cañeros, no garantiza por sí solo solución a problemas estructurales del sector, como la productividad, la eficiencia operativa y la diversificación de mercados.
- Existe el riesgo de que la medida afecte a usuarios y consumidores finales, ya sea por incrementos en el precio local del azúcar o por activación de presiones inflacionarias indirectas.
- Además, en materia de comercio internacional, la implementación de aranceles extraordinarios debe articularse con los compromisos bajo tratados comerciales para evitar disputas o represalias.
