Un conjunto de intelectuales y escritores ha formulado una reflexión profunda: si bien son legítimas las insatisfacciones sociales, estas no deberían usarse como un pretexto para erosionar o sustituir el Estado liberal. Argumentan que muchos de los malestares actuales —inequidad, precariedad laboral, exclusión— han sido parte de las democracias modernas y requieren mecanismos de reforma, no de desmantelamiento del liberalismo.
Según estas voces, es clave reconocer que el liberalismo —entendido como garantía de libertades individuales, economía de mercado y Estado de derecho— aún cumple un papel estructural para la protección de derechos. Ignorar esto podría llevar a visiones autoritarias disfrazadas de renovación social. Además, advierten que movilizaciones legítimas deben traducirse en reformas institucionales profundas (políticas sociales, regulación del mercado, participación) y no en meros discursos rupturistas.
Desde una mirada crítica, esta posición es relevante: si bien el liberalismo ha mostrado fallas en su versión neoliberal, no necesariamente todas las protestas o crisis sociales buscan superarlo; muchas demandan más Estado, pero también mejor Estado. El reto consiste en conjugar la legitimidad del descontento con propuestas viables para fortalecer, no para socavar, los pilares liberales.
