Jamaica ha lanzado un llamado urgente a la comunidad internacional solicitando $9.5 mil millones de dólares en asistencia financiera para la reconstrucción post-desastre. La cifra masiva, equivalente a más de 50% de su Producto Interno Bruto (PIB), es el costo estimado de los daños causados por el huracán Melissa, que devastó la infraestructura, el sector agrícola y el turístico de la isla.
La solicitud de Jamaica, anunciada en el contexto de las cumbres climáticas globales, subraya una crítica estructural hacia el sistema financiero internacional: los países en desarrollo, especialmente las Pequeñas Islas en Desarrollo (SIDS), cargan con el peso financiero desproporcionado de una crisis climática que no han provocado. La primera ministra jamaiquina, Mia Mottley, ha sido enfática en la necesidad de reformar el sistema de financiación para que las naciones más vulnerables puedan acceder a capital a tasas concesionales y no a préstamos onerosos.
Desde una perspectiva económica, la magnitud de la solicitud pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de Jamaica. Sin una inyección significativa de fondos de donaciones o préstamos blandos, la reconstrucción obligará al país a acumular una deuda pública adicional que podría socavar décadas de progreso macroeconómico. El enfoque del Caribe se centra ahora en la COP30, donde buscarán que los países desarrollados cumplan sus promesas de financiación climática.
El caso de Jamaica es un recordatorio de que la inacción global ante el cambio climático tiene un costo financiero directo, que se está traduciendo en desastres económicos para las economías insulares.
