Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que debía ejercer hasta 2028. La decisión, recibida oficialmente por el Senado de la República la tarde del 27 de noviembre, abre un proceso institucional clave para el reacomodo del sistema de justicia penal en México.
Según la Ley de la Fiscalía General, la dimisión solo puede proceder por una “causa grave” y debe ser aceptada por mayoría simple en el Senado. Aunque no se ha hecho pública la justificación formal de su salida, fuentes legislativas señalan que Gertz habría recibido presiones por parte del grupo parlamentario mayoritario, debido al incumplimiento de informes obligatorios ante el Legislativo y a tensiones acumuladas en casos recientes de alto perfil.
Durante su gestión, Gertz Manero enfrentó múltiples cuestionamientos: desde la autonomía real de la FGR hasta su papel en casos como el denominado “huachicol fiscal” o las investigaciones contra empresarios y mandos militares. Su renuncia se produce en un contexto donde el control institucional del aparato de justicia se vuelve aún más estratégico para el nuevo gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la recepción del documento y anunció que lo analizará junto con su Consejería Jurídica. Aunque reconoció públicamente el trabajo de Gertz, también destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre la FGR y las fiscalías estatales, particularmente en temas de seguridad.
Con la renuncia aceptada, el Senado deberá integrar una lista de diez perfiles que será enviada al Ejecutivo. La presidenta elegirá tres personas que comparecerán ante la Cámara Alta, y el pleno votará para definir al próximo titular. Entre los nombres que circulan como posibles sucesores destacan Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, ambos con vínculos cercanos a la actual administración federal.
Más allá del relevo, el proceso pondrá a prueba la solidez de los mecanismos institucionales para garantizar independencia, transparencia y legalidad. El nuevo fiscal no solo asumirá el cargo en un periodo de transición política, sino también bajo la mirada de un Congreso donde las mayorías alineadas con el Ejecutivo podrían influir en la definición del perfil que encabezará el aparato penal del país.
