En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó un panorama integral sobre las condiciones de vida de esta población en México, evidenciando importantes desigualdades económicas, sociales y laborales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, en el país residen 9.5 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 7.3 % de la población total. Más de la mitad (50.9 %) son adultos mayores, grupo que concentra tanto la prevalencia de discapacidad como los mayores gastos asociados a su atención.
Los hogares que incluyen al menos una persona con discapacidad destinan en promedio 3,415 pesos trimestrales en cuidados de salud, frente a 2,248 pesos en los hogares sin personas con discapacidad. Esta diferencia se acentúa en rubros específicos como los aparatos ortopédicos y terapéuticos, cuyo gasto promedio en hogares con adultos mayores con discapacidad alcanza los 3,746 pesos.
En materia de ingresos, la disparidad también es evidente: el ingreso monetario trimestral promedio de las personas con discapacidad fue de 20,782 pesos, en contraste con los 31,098 pesos de la población sin discapacidad. A esto se suma que solo el 30.3 % de las personas con discapacidad de entre 18 y 70 años recibe algún tipo de apoyo económico o programa gubernamental, mientras que el 69.7 % no accede a estos beneficios.
En el ámbito laboral, los Censos Económicos 2024 identificaron 102,285 unidades económicas que emplean a personas con discapacidad. El sector comercio concentra más de la mitad de estas contrataciones (51.3 %), seguido por los servicios (34.7 %) y la manufactura (11.0 %). Las principales dificultades reportadas entre el personal con discapacidad en comercio y servicios se relacionan con la visión y la movilidad.
Este conjunto de datos no solo describe las condiciones materiales de vida de las personas con discapacidad en México, sino que pone de relieve los desafíos estructurales que persisten en inclusión social, equidad de ingresos y acceso efectivo a servicios y derechos. El énfasis en el envejecimiento de esta población y los costos asociados a su cuidado refuerzan la necesidad de políticas públicas integrales que trasciendan la asistencia y garanticen igualdad de oportunidades.
