En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, el INEGI difundió nuevas estadísticas que dimensionan la magnitud del problema en México, tanto para la ciudadanía como para el sector empresarial. Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) y los censos de gobiernos federal y estatales, y permiten observar la evolución reciente de la corrupción en distintos ámbitos institucionales.
De enero a junio de 2025, 8.9 % de las personas de 18 años y más que realizaron algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública en zonas urbanas reportó haber sido víctima de corrupción. La incidencia es mayor en hombres (10.2 %) que en mujeres (7.9 %), diferencia estadísticamente significativa en toda la serie 2020–2025.
El problema se agrava cuando se analiza el contacto con autoridades de seguridad pública. En el primer semestre de 2025, 45.2 % de las personas adultas que tuvieron interacción con policías de tránsito, municipales, estatales u otras corporaciones de seguridad fue víctima de corrupción. Entre los hombres, la proporción sube a 49.9 %, mientras que en las mujeres es de 36.8 %. Estas cifras sugieren que los espacios de control policial siguen siendo uno de los focos más sensibles en la relación ciudadanía–Estado.
En el terreno económico, la ENVE muestra que en 2023 alrededor de 169,769 empresas —3.5 % del total— fueron víctimas de corrupción. La prevalencia es menor a la registrada en 2017, pero se mantiene como un riesgo relevante para la operación de los negocios. Las empresas medianas son las más afectadas, con una tasa de 8.4 %, más del doble que las microempresas (3.3 %) y por encima de las pequeñas (7.2 %) y grandes (6.4 %). Por sector (comercio, industria y servicios) no se observan diferencias estadísticamente significativas.
Las cifras también permiten observar la respuesta institucional. En 2023 se iniciaron 40,145 investigaciones por presuntas faltas administrativas en la Administración Pública Federal, lo que equivale a 24.8 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas, una tasa que ha aumentado respecto a años previos. A nivel estatal, el promedio fue de 34.6 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas, con entidades como Quintana Roo y Chihuahua superando las 130 investigaciones por cada mil, mientras que en al menos seis estados la tasa fue menor a diez.
En cuanto a sanciones, en 2023 se registraron 2,341 personas servidoras públicas sancionadas en la Administración Pública Federal, es decir, 14.4 por cada 10 mil. A escala estatal, México y Campeche encabezaron la lista con 103.1 y 81.0 personas sancionadas por cada 10 mil servidores públicos, respectivamente, mientras que en Baja California Sur y Colima no se reportaron sanciones.
En conjunto, los datos muestran un panorama complejo: altos niveles de corrupción percibidos por personas y empresas, acompañados de un incremento en investigaciones y sanciones administrativas. Más allá de la conmemoración del 9 de diciembre, las estadísticas del INEGI ponen sobre la mesa la dimensión política e institucional del reto: sin controles efectivos en seguridad pública, trámites y gestión gubernamental, la confianza ciudadana y la competitividad económica siguen bajo presión.
