La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que incrementa e impone nuevos aranceles a productos provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales. La votación se resolvió con 10 votos a favor de Morena, ocho abstenciones del PAN y PRI y un voto en contra de Movimiento Ciudadano (MC), y el documento fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno.
El dictamen modifica 1,463 fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. De ellas, 706 corresponden a textiles, 249 a productos de hierro y acero, 94 a automóviles y partes y 81 a plásticos. De acuerdo con el presidente de la comisión, el panista Miguel Ángel Salim, 316 fracciones hoy no pagan arancel, mientras que el resto ya cuenta con alguna tarifa vigente. En total, 341 fracciones tienen un arancel de 35 % y 302 aplican una tasa de 10 %, aunque el proyecto también contempla incrementos de entre 5 % y 50 % en diversos casos.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, impacta 17 sectores industriales, entre ellos textil, vestido, siderúrgico, autopartes, plásticos, papel y cartón, calzado, juguetes, muebles, vidrio, jabones y cosméticos, aluminio, electrodomésticos, marroquinería, autos ligeros, motocicletas y remolques. El dictamen puntualiza que la medida se enfoca en países con participación significativa en el flujo comercial hacia México, como China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, y que más de 75 % de las importaciones sujetas a ajustes son insumos clave para sectores que dependen de esos bienes.
En términos fiscales, un análisis citado en el dictamen estima que la eventual entrada en vigor de la reforma implicaría un incremento de 51,910 millones de dólares en importaciones, equivalente a 8.3 % del total importado en 2024. Al mismo tiempo, un estudio del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, proyecta que la recaudación por impuestos al comercio exterior pasaría de 151,789.7 millones de pesos en 2025 a 254,756.8 millones en 2026, lo que refuerza la relevancia de los aranceles como fuente de ingresos públicos.
Las posturas dentro de la comisión reflejan el debate sobre el balance entre protección industrial y costo para consumidores y empresas. La diputada de Morena, Patricia Armendáriz, sostuvo que un arancel positivo superior al vigente podría incentivar el establecimiento de industrias nacionales que sustituyan importaciones, aunque reconoció que la “píldora” a corto plazo sería un efecto inflacionario transitorio. La legisladora señaló además que, frente a la propuesta original del Ejecutivo, el dictamen reduce algunos aranceles.
Desde MC, la diputada Gloria Núñez advirtió que en la iniciativa se establecía originalmente una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo que desapareció en el dictamen, lo que, a su juicio, plantea dudas sobre el carácter temporal de la medida. También subrayó que el aumento de recaudación exige “especial cuidado” para evitar opacidad o posibles actos de corrupción en el manejo de los ingresos adicionales.
A nivel político, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la reforma como una “estrategia moderna, integral y de largo alcance” para impulsar contenido nacional en cadenas globales de valor y proteger el empleo en sectores como el automotriz, textil, calzado, aluminio y otros. En términos económicos, el ajuste arancelario abre una etapa de mayor protección frente a países sin acuerdos comerciales, con posibles efectos mixtos: por un lado, una mayor recaudación y espacio para la industria local; por otro, presiones de costos para empresas que dependen de insumos importados y riesgos de alza en precios al consumidor.
