La agenda regulatoria europea en 2024–2025 ha acelerado la imposición de requisitos que afectan toda la cadena de valor de la moda: ecodiseño, huella ambiental estandarizada, responsabilidad ampliada del productor (EPR) y pasaporte digital de producto (Digital Product Passport, DPP). Esas medidas buscan aumentar la durabilidad, reciclabilidad y trazabilidad de prendas y calzado, y se aplican a productos vendidos en el mercado de la UE independientemente de su origen —es decir, también a textiles fabricados fuera de Europa que pretenden ingresar al bloque. Para las marcas mexicanas exportadoras, esto implica exigencias técnicas y administrativas nuevas que condicionarán el acceso al principal mercado mundial.
La implementación práctica incluye tres obligaciones relevantes: 1) medir y reportar la huella ambiental con metodologías científicas (nuevas reglas PEFCR para prendas y calzado); 2) cumplir requisitos de ecodiseño que favorezcan reparabilidad y reciclabilidad; y 3) asumir costos y responsabilidades por la gestión al final de la vida útil (EPR), mediante pagos o sistemas de recolección. Además, el DPP exigirá datos sobre materiales, origen y posibilidades de reciclado que deben estar accesibles electrónicamente para consumidores y autoridades. Estas medidas concentran tanto costos de adaptación como oportunidades para quienes puedan certificar y diferenciar productos por sostenibilidad.
El impacto sobre la industria mexicana ya es visible en cifras y dinámicas comerciales: en 2025 las exportaciones del sector textil-confección registraron caídas y volatilidad en distintos trimestres, lo que añade presión a fabricantes que dependen de mercados externos. La necesidad de auditar la cadena de suministro, certificar materiales y ajustar procesos de producción podría elevar costos unitarios a corto plazo y requerir inversión en trazabilidad y diseño circular. Para pymes exportadoras, los plazos de cumplimiento suponen un reto operativo y financiero que podría reducir competitividad si no se acompaña de apoyos públicos o acuerdos comerciales que faciliten la transición.
Desde la perspectiva estratégica, la respuesta del sector debe combinar adaptaciones técnicas (auditorías de insumos, diseño modular), comerciales (nuevos contratos con compradores europeos que reconozcan costos de cumplimiento) y de política pública (programas de apoyo a la reconversión productiva y acceso a financiamiento). Organizaciones industriales y cámaras han señalado la urgencia de políticas que mitiguen el riesgo de pérdida de mercado y promuevan inversión en economía circular. A mediano plazo, las empresas mexicanas que incorporen trazabilidad, aumento de reciclado y transparencia de impacto podrán convertir la regulación en ventaja competitiva en segmentos de mayor valor.
En síntesis, la nueva arquitectura regulatoria europea coloca a la sostenibilidad y la trazabilidad como requisitos de mercado, no solo como opción ética. Para los actores mexicanos la ecuación es clara: adaptarse implica costos y reconfiguración de cadenas, pero también abre la puerta a mercados premium y a mayor resiliencia frente a volatilidades comerciales globales. Las decisiones empresariales y las políticas públicas de acompañamiento en 2026 definirán si el sector atraviesa la transición con pérdida de cuota exportadora o con un salto hacia una oferta textil más sostenible y competitiva.
