En la recta final de 2025 la iniciativa del Ejecutivo para elevar aranceles a importaciones procedentes de Asia —con el fin declarado de aumentar ingresos y proteger la industria nacional— avanzó en la Cámara de Diputados, pero con cambios y matices que suavizan su impacto inicial. La Comisión de Economía aprobó un dictamen que ajusta fracciones arancelarias sobre más de mil productos, pero incorporó reducciones y excepciones planteadas por sectores productivos durante mesas de trabajo.
La propuesta original preveía modificaciones en más de 1,400 fracciones arancelarias para bienes provenientes de países como China e India, incluyendo sectores sensibles como textiles, acero, autopartes y plásticos; no obstante, los dictámenes recientes introdujeron ajustes para reducir efectos adversos inmediatos en cadenas productivas y para preservar la competitividad en segmentos vinculados al TMEC. Estas enmiendas respondieron a la presión de grupos empresariales y a un diagnóstico técnico sobre riesgo de encarecimiento de insumos importados.
Las implicaciones políticas y económicas son claras. A corto plazo, la reformulación busca evitar un choque comercial de mayor escala y reducir el riesgo de presiones inflacionarias por aumentos en costos de importación de insumos claves. A mediano plazo, la medida constituye una señal política: el gobierno busca mostrar acción ante la pérdida de ingresos fiscales y el incentivo a la producción nacional, pero debe modular la intervención para no fracturar cadenas de valor integradas regionalmente. La negociación legislativa evidencia además la relevancia de interlocución entre Ejecutivo, Congreso e industria.
Desde la óptica de comercio exterior y cumplimiento de tratados, el enfoque “selectivo” de las modificaciones intenta evitar fricciones con socios bajo acuerdos preferenciales, y al mismo tiempo preserva la herramienta arancelaria para reasignar protección según sectores priorizados. Sin embargo, analistas advierten que cambios frecuentes en aranceles añaden incertidumbre a inversiones de largo plazo y obligan a empresas a replantear estrategias de compras y proveeduría. Para consumidores, los efectos sobre precios dependerán de la magnitud final de los ajustes y de la capacidad de sustitución por proveedores alternativos.
En síntesis, la versión actual del llamado “muro arancelario” es más tácticamente moderada que la propuesta inicial del Ejecutivo: busca conciliar objetivos fiscales y de política industrial con la necesidad de mantener cadenas productivas competitivas y la estabilidad de precios. El resultado final en el pleno y la posterior reacción de socios comerciales y empresas determinarán el alcance real de la medida en 2026.
