La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, fue cuestionada por reporteros sobre la actuación del organismo frente a recientes hechos de violencia, en particular las agresiones de policías de la Ciudad de México contra manifestantes durante la marcha convocada por la llamada Generación Z el pasado 15 de noviembre. En lugar de responder, la titular de la CNDH optó por retirarse del lugar, lo que reavivó críticas sobre el papel de la institución en episodios de posible violación a derechos humanos.
El episodio ocurrió al término de un evento en el Senado de la República, donde se inauguró la exposición “Mi derecho humano favorito”. La muestra, organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reunió dibujos de niñas y niños que expresan demandas de acceso a salud, educación, seguridad y protección. Piedra Ibarra asistió acompañada del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y de la presidenta de la comisión senatorial, Reyna Celeste Ascencio. Al concluir el acto, periodistas se acercaron para preguntarle por la falta de pronunciamientos de la CNDH ante diversos hechos de violencia en el país y, en particular, sobre la marcha del 15N.
Según los testimonios recogidos, la funcionaria caminó por los pasillos del Senado buscando una salida mientras evitaba responder preguntas, protegida por dos personas de su equipo que pedían a los medios permitirle abandonar el recinto. La escena fue difundida por distintos espacios informativos y generó cuestionamientos sobre la disposición de la presidenta del organismo a rendir cuentas frente a la opinión pública.
La marcha de la Generación Z derivó en enfrentamientos en el Zócalo capitalino entre manifestantes, elementos policiales y grupos identificados como “bloque negro”. Organizaciones y periodistas documentaron uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y agresiones contra representantes de medios de comunicación, lo que motivó llamados a una investigación exhaustiva y a garantizar la protección de quienes ejercen el derecho a la protesta y a la cobertura informativa. Como respuesta inicial, la autoridad capitalina suspendió de manera provisional a siete policías y anunció la apertura de investigaciones sobre la actuación de los cuerpos de seguridad.
En el plano institucional, diversos actores —entre ellos partidos de oposición, organismos de derechos humanos y la relatora especial de Naciones Unidas sobre libertad de reunión pacífica— han insistido en la necesidad de que se esclarezcan los hechos, se deslinden responsabilidades y se asegure la rendición de cuentas. En ese contexto, la ausencia de un pronunciamiento público de la CNDH sobre la jornada del 15N ha sido señalada como una omisión relevante, dada la naturaleza de la protesta y la participación directa de fuerzas policiales.
Las críticas apuntan a que el silencio del organismo, sumado a la decisión de su presidenta de no responder preguntas sobre el tema, proyecta una imagen de distancia frente a posibles violaciones de derechos humanos en un momento de alta sensibilidad social. Para organizaciones defensoras y sectores de la prensa, el episodio subraya la importancia de que la CNDH fortalezca su papel de supervisión, investigación y acompañamiento en contextos donde se ponen a prueba las garantías a la protesta y a la libertad de expresión.
De cara a los próximos días, la atención se centra en si la Comisión Nacional emitirá un posicionamiento formal, abrirá quejas de oficio o establecerá canales de colaboración con autoridades locales y colectivos ciudadanos. La forma en que la CNDH responda a este caso será un referente para evaluar su capacidad de incidencia en situaciones donde la actuación policial y la protección de manifestantes y periodistas quedan bajo el escrutinio público.
