La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de enero de 2026 se intensificará la atención federal a la seguridad pública mediante una serie de gabinetes de seguridad itinerantes en los estados con mayores índices delictivos. Esta decisión forma parte de una nueva etapa de la estrategia de seguridad, que prioriza la coordinación directa y presencial con autoridades locales.
La agenda de seguridad contempla la realización semanal de estas sesiones, encabezadas por la propia presidenta y por el secretario de Seguridad, en las que se evaluará el avance de las acciones contra la violencia, se revisarán indicadores y se definirán respuestas adaptadas a cada contexto regional. Se espera que este enfoque refuerce la relación entre el gobierno federal y las entidades federativas, en un momento donde la violencia en ciertas regiones exige soluciones integrales y continuas.
Además, Sheinbaum confirmó la creación de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta nueva estructura contará con facultades para realizar labores de inteligencia e investigación enfocadas exclusivamente en seguridad pública. Su operación estará coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otras instancias del gabinete de seguridad.
La mandataria justificó la medida al señalar que la inseguridad sigue siendo uno de los principales desafíos del país y que se requiere una estrategia más articulada y flexible. La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas funcionará como un brazo técnico con capacidad de actuar en zonas de alta conflictividad, sin sustituir a las fuerzas ya desplegadas, como la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas, sino complementando su labor con análisis estratégico e inteligencia operativa.
La combinación de estas acciones busca consolidar una política de seguridad enfocada en resultados, con fuerte presencia territorial, inteligencia táctica y coordinación entre órdenes de gobierno. Con esta nueva agenda, el gobierno busca enviar la señal de que la seguridad no se delega ni se improvisa, sino que será atendida con liderazgo político y técnica especializada.
