La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno revisará a detalle las implicaciones legales y políticas de la decisión de Estados Unidos de catalogar al fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.
En su conferencia de prensa, denominada “Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum explicó que la medida estadounidense tiene dos vertientes: una que debe convertirse en ley y otra que opera vía decreto presidencial, por lo que su administración se encuentra evaluando “exactamente qué es” lo que establece la orden y cuál puede ser su impacto en la relación bilateral y en la política interna mexicana frente a las drogas.
La presidenta reiteró que la estrategia de México frente al consumo de drogas no se limita al enfoque punitivo. Si bien reconoció la necesidad de perseguir los delitos y la violencia asociada al tráfico, insistió en que el problema no se resolverá solo con acciones de fuerza: “Si no se atienden las causas será fentanilo u otra droga”. En su diagnóstico, el consumo está ligado a salud mental, desapego social, falta de oportunidades para jóvenes, dinámica familiar, educación y valores, por lo que subrayó la importancia de una política integral de prevención y atención a las causas.
Sheinbaum también llamó la atención sobre las posibles consecuencias de la designación estadounidense para el uso médico legal del fentanilo, empleado como anestésico. Señaló que es necesario distinguir con claridad entre el uso clínico regulado y el tráfico ilícito, y cuestionó cómo podría afectar esta clasificación a la disponibilidad y regulación de la sustancia en contextos hospitalarios.
Al ser cuestionada sobre la eventual reactivación de propuestas de intervención militar estadounidense en territorio mexicano, la mandataria fue enfática: la soberanía y la territorialidad del país “no están a discusión bajo ningún motivo”. Con ello, marcó una línea clara en el plano político y diplomático frente a cualquier interpretación de la orden ejecutiva que pudiera abrir espacio a acciones unilaterales más agresivas.
Como parte de la respuesta interna, Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentarán los resultados de una encuesta nacional sobre consumo de drogas, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, que formará parte de la estrategia para abordar el fenómeno desde la perspectiva de salud pública.
Del lado estadounidense, la orden ejecutiva firmada el 15 de diciembre clasifica al fentanilo ilícito y a sus principales precursores químicos como armas de destrucción masiva, al considerar que su producción, tráfico y posible uso representan una amenaza directa a la seguridad nacional. El documento subraya que tan solo dos miligramos de fentanilo —una cantidad equivalente a entre 10 y 15 granos de sal— constituyen una dosis letal, y atribuye a esta droga la muerte de cientos de miles de personas por sobredosis en Estados Unidos.
La orden también vincula la fabricación y distribución de fentanilo con redes criminales organizadas, a las que relaciona con violencia armada, financiamiento de actividades terroristas y disputas territoriales. En ese contexto, la postura de Sheinbaum coloca a México en una posición de equilibrio delicado: por un lado, reconoce la gravedad de la crisis de sobredosis y la necesidad de combatir el tráfico; por otro, defiende la soberanía nacional y sostiene una estrategia que prioriza la atención a las causas sociales y de salud que están detrás del consumo de drogas.
